"Las autoridades dicen que ha habido gente que se ha ido asentando en estos territorios, pero la verdad es que muchas de estas comunidades ya llevan un tiempo ahí. Es una guerra por el espacio donde se los quiere obligar a salir sin ninguna alternativa. En definitiva lo que quieren es un pedazo de tierra para cultivar y tener una vida digna", dijo a Sputnik Ramón Márquez, director de la ONG mexicana ‘La 72', que está atendiendo la situación.
Ante la información del desalojo, ordenado por el juzgado de delitos ambientales, y previsto para el 2 junio, los pobladores se retiraron del lugar. Se fueron para la frontera con el estado mexicano de Campeche, donde se encuentran actualmente.
"Ante el inminente desalojo por parte de la Policía y el Ejército la propia comunidad decidió salir de manera voluntaria para evitar las pérdidas de vidas. Ahora se encuentran en la frontera entre México y Guatemala, en una zona selvática, aislada, sin acceso a recursos sanitarios de ningún tipo. Allí sufren hostigamiento, persecución y amenazas de deportación. El discurso oficial de México, sin embargo, es que iban a ayudar a estas personas. La realidad es que están abandonados, nadie está atendiendo esta crisis humanitaria", dijo.
En La 72 y otras organizaciones de la sociedad civil existe gran preocupación por la situación sanitaria de las familias. "No tienen acceso a agua potable y están viviendo en carpas muy precarias en plena temporada de lluvias", señaló Márquez.
También hay expectativa por lo que pueda suceder esta semana para la que estaban previstos otros desalojos. Desde el 5 de junio y hasta el 6, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó Guatemala y se reunió con su par Jimmy Morales. Sin embargo, no hay reportes de que hayan tratado la situación de los campesinos desplazados.
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"Hay más desplazamientos porque hay nuevos avisos de desalojos. Si estas comunidades se desplazaran estaríamos hablando de unas 1.200 personas. estamos a la expectativa. no sabemos a lo que nos enfrentamos", concluyó.
