"Un antejuicio de mérito es solicitar, en el caso de una figura de alto nivel con prerrogativa, que se le retire esa inmunidad que le otorga el cargo para ser sometida a juicio", explicó la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz.
El también abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Raffalli, consideró importante aclarar que una cosa es el antejuicio de mérito, "para ver si un funcionario cometió un delito y hay que enjuiciarlo, y otra cosa es un antejuicio para evaluar si se han dado condiciones específicas que ameriten su remoción del cargo".
En el caso de la fiscal general, se ignora el motivo de la decisión, porque no se ha publicado la sentencia de admisión de antejuicio de mérito y solo se conoce la información que fue publicada en un comunicado de prensa del TSJ, observó Raffalli.
"Si no es por la comisión de un delito, sino por faltas graves en el ejercicio del cargo, quien ha debido plantear esto no es un diputado a título individual, ha tenido que ser la propia Asamblea Nacional (parlamento unicameral), previo un debate, previo la designación de una comisión que presentara la solicitud de antejuicio", expuso Raffalli.
Díaz, quien conduce el programa Las Leyes de Pueblo en el canal estatal Venezolana de Televisión, niega que sea el parlamento el único autorizado para pedir que se evalúen evidencias que permitan determinar si la fiscal puede ser sometida a un proceso judicial.
Díaz se refería a la solicitud de antejuicio de mérito a ocho magistrados del TSJ que introdujo la fiscal Ortega el pasado 13 de junio, y que fue declarada improcedente por el Tribunal.
Por su parte, Raffalli cree que todo este procedimiento contra Díaz es un paso para destituirla "por una vía irregular" ante las críticas recientes que ha hecho al Gobierno.
"Ellos saben que la Asamblea Nacional no va a dar un paso para destituir a la fiscal, entonces lo que están haciendo es preparando el expediente para que sea la Asamblea Nacional Constituyente, o la propia Sala Constitucional (del TSJ), vía desacato de la Asamblea Nacional, quien la remueva del cargo; esa es la jugada de ellos", dijo.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, fue declarada en desacato a mediados de 2016 por el TSJ en una lucha de poderes que ahora abarca también al Ministerio Público.
Por ello, el abogado Raffalli no descarta que la decisión de solicitar un juicio contra la fiscal se tome a través de la Sala Constitucional del TSJ, lo que sería "totalmente irregular".
Tal medida podría conllevar una desobediencia de Ortega, quien puede negarse a reconocer el proceso, que ya ha asegurado "se encuentra viciado", indicó el jurista.
