"Actualmente la tortura es generalizada en México", dijeron en un pronunciamiento 14 organizaciones mexicanas independientes, encabezadas por el jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
El decreto deroga una parte del Código Penal Federal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.
Además de ser una grave violación de los derechos humanos, la tortura "puede ser considerada, en ciertas circunstancias, un crimen de lesa humanidad, que el derecho internacional prohíbe de manera absoluta", añaden las organizaciones.
Esa definición de "generalizada" en las prácticas de las corporaciones policiacas del país causó en los últimos tres años una aguda controversia entre el Gobierno y organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
La directora del Instituto de DDHH y Democracia, Rocío Culebro, que ha impartido cursos para la prevención de esas prácticas a mandos policiales mexicanos, dijo a Sputnik que "la tortura es una práctica no solo generalizada, sino enraizada en la conducta de las corporaciones de seguridad pública durante décadas; será un camino largo erradicarla".
Tras largos debates, el Congreso aprobó la ley en abril de 2016, y desde entonces organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales presionaron al Gobierno para su promulgación.
"La nueva ley contribuirá a la erradicación de la tortura solo si es cumplida plenamente por las autoridades", dijo el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, quien ha denunciado en los últimos días que él y algunos directivos de esa organización jesuita han sido objeto de espionaje.
Un balance de estas organizaciones indica que entre 2007 y 2016 se presentaron más de 7.695 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) y sus contrapartes en los 32 estados del país.
En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones sobre actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.
Las torturas documentadas van desde amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, ahogamientos y, en muchas ocasiones, violencia sexual, reseñan las organizaciones.
Los datos de la fiscalía federal "registran más de 2.000 averiguaciones por tortura al año", dicen las organizaciones.
Finalmente, piden a las autoridades mexicanas garantizar "la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura".
Otras organizaciones que firmaron el llamamiento son el centro de análisis Fundar, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollán, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
