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Justicia argentina cita a 251 empresarios del transporte

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Claudio Bonadio llamó a declarar a 251 empresarios a cargo del transporte público en la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, así como en el interior del país, por el supuesto perjuicio millonario causado al Estado.

"Bonadio citó a 251 propietarios de empresas de transporte", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

Los directivos comparecerán ante el magistrado a partir del 22 de agosto y hasta el 29 de septiembre.

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En la causa se investiga el pago de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte mientras dependió del Ministerio de Planificación, sobre la base de las declaraciones juradas que presentaban las líneas de transporte en la que figuraban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros transportaba cada autobús.

El juez sospecha que las compañías declaraban más kilómetros recorridos que los reales para cobrar más subsidios por el gasoil consumido, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado de 206 millones de pesos (11,7 millones de dólares).

Este tipo de maniobras se realizaron supuestamente hasta 2012, cuando un tren se estrelló en plena hora pico contra la barra de contención de uno de los andenes de la estación Once, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, causando 51 muertos y más de 700 heridos.

Lea más: Dirigente argentina a juicio oral por supuesto fraude a la administración pública

Tras la tragedia, el área de Transporte fue transferida bajo la órbita del Ministerio del Interior.

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En este expediente ha sido imputado el exministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido.

El legislador, los exsecretarios de Transporte de la anterior gestión, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, y responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ya fueron indagados por el magistrado en las últimas semanas.

El Gobierno de Mauricio Macri impulsa una iniciativa en el Congreso para retirarle los fueros a De Vido, a fin de que pueda ser detenido en el marco de otra causa, impulsada por el fiscal Carlos Soternelli, sobre el supuesto desvío de fondos destinados a un proyecto minero en río Turbio, en la provincia de Santa Cruz (sur).

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