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"Oposición venezolana apela al miedo en campaña contra Asamblea Constituyente"

© REUTERS / Ivan AlvaradoBandera de Venezuela
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CARACAS (Sputnik) — La estrategia de la oposición en Venezuela contra la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro es generar temor en los ciudadanos de que su instalación significaría un ataque a la propiedad privada y la violación de los derechos fundamentales, dijo la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz.

"(A) lo que está apelando la oposición es a los miedos; si bien es cierto que una Asamblea Constituyente tiene poderes plenipotenciarios (estos) no son ilimitados, porque el límite para una Asamblea Constituyente es el respeto a los derechos humanos fundamentales, al bloque de la constitucionalidad, que son los artículos del 1 al 9, que no se pueden cambiar para retroceder", dijo la especialista.

Díaz, quien también es candidata para la Constituyente, recordó que entre los aspectos que no pueden cambiarse con una nueva Constitución está la forma del Estado.

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"No podemos convertirnos en un Estado teocrático; somos un Estado social de derecho y de justicia y ese sentido podemos avanzar", explicó.

La abogada expuso que a través de esta Asamblea Constituyente, que será electa el próximo 30 de julio, solo se podría ampliar el concepto al estado de bienestar social, o justicia social.

La oposición venezolana ha asegurado que uno de los objetivos de esta Constituyente es "meterle la mano a la propiedad privada".

"El Gobierno con la Constituyente quiere el poder absoluto y supremo del país; pretenden tener luz verde para meterle mano a la propiedad privada", dijo el pasado 7 de julio el gobernador del estado de Miranda (norte) y dirigente opositor, Henrique Capriles.

Para la jurista venezolana esto evidencia cómo la oposición juega con "una clase social que le tiene mucho temor a perder lo que posee", y destacó que la propiedad privada está reconocida por el sistema constitucional vigente y no puede ser eliminada.

"Lo que podemos hacer es ampliar el concepto a otro tipo de propiedades: propiedad social, como las empresas de producción social; propiedad familiar, como la propiedad de las viviendas entregadas por el Gobierno nacional, es decir, nunca se podría eliminar la propiedad privada, porque es un derecho alcanzado en la Constitución de 1999", acotó.

Según la abogada, "difícilmente" estas ideas tengan impacto en el "pueblo consciente", ya que la llamada Revolución Bolivariana ha demostrado con hechos que es el modelo de Gobierno más dispuesto a otorgar títulos de propiedad a las familias, indicó.

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"Así que ese cuento del lobo, que lo vienen echando desde que llegó la revolución, de que le van a quitar la casa y hasta los hijos, esa campaña del anticomunismo, no va a prosperar", aseguró.

Otra de las aseveraciones hechas por la oposición es que una Constituyente "comunal", como ha sido identificada por el presidente Maduro desde su convocatoria el pasado primero de mayo, significaría "el fin de la democracia en Venezuela".

"Una constituyente comunal no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado", afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Julio Borges.

La constitucionalista, sin embargo, cree que la oposición le huye al poder popular y por ello cuando se habla de una constituyente comunal es para visibilizar y constitucionalizar al poder popular.

"Hasta ahora los poderes constituidos, llámense alcaldías o gobernaciones, no han querido transferir competencias a los creados a través de leyes, como los Consejos Comunales o las Comunas, y solo el pueblo sabe cómo resolver sus problemas; allí es donde vamos a trabajar, en darle más poder al pueblo, eso es una constituyente comunal, una democracia más directa y soberana", añadió.

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En materia de derechos humanos, Díaz también explicó que estos nunca pueden ser desmejorados.

"Ni las garantías constitucionales, ni las ciudadanas, ni las procesales; la única manera que se cambien (los derechos humanos) es que mejoren", dijo.

De igual forma, la especialista recordó que la última palabra la tendrá el pueblo, quien deberá decidir si acepta o rechaza la propuesta que elaboren los 545 diputados constituyentes que serán electos el próximo 30 de julio.

La Constituyente sirve para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, y podría implicar la refundación de los poderes públicos.

El Gobierno venezolano ha dicho que en esta ocasión el objetivo es profundizar los cambios que se iniciaron en la Constitución aprobada en 1999 por iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999 — 2013).

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De acuerdo a lo establecido en las bases electorales que presentó Maduro y que contaron con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional Constituyente tendrá 545 integrantes.

De estos, 364 serán representantes del ámbito territorial y 173 del ámbito sectorial.

Esta convocatoria fue presentada por el jefe de Estado como una vía para promover la paz en Venezuela; sin embargo, desde su anuncio la oposición ha intensificado sus manifestaciones en contra del Gobierno, que hasta el momento han dejado 95 muertos y más 1.400 heridos. 

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