"La presidenta Bachelet anunció en 2015 un proceso constitucional con un mecanismo inédito, donde miles de personas se autoconvocaron y discutieron sobre temas constitucionales", dijo Soto.
Se trata de 189 tomos con los testimonios de las actas de 8.113 encuentros locales autoconvocados, 71 cabildos provinciales y 15 mesas de cabildos regionales.
Este proceso comenzó hace dos años por el Gobierno de Bachelet, con el objetivo de cambiar la Constitución actual, que fue redactada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), para reemplazarla por una Carta Magna que recoja la participación de toda la ciudadanía.
"La primera etapa del proceso se extendió desde abril de 2016 hasta enero de este año, y consistió en la realización de encuentros locales autoconvocados, que fueron reuniones de entre 10 y 30 personas que se juntaron en sus casas y barrios a deliberar sobre lo que querían que incluyese la nueva constitución de Chile", indicó Soto.
Las opiniones de todos quienes participaron en las reuniones quedaron registradas en esas actas, que posteriormente fueron subidas a una plataforma digital del Gobierno.
"Las novedades del proceso son dos: primero, la convocatoria inédita a todos los chilenos que quisieran participar y, segundo, la sistematización de los datos; en el mundo son muy pocas las experiencias que han logrado registrar las conversaciones constitucionales", sostuvo el jurista.
Soto participó de esta primera etapa como integrante del Consejo Ciudadano de Observadores, una comisión de 16 miembros creada por Bachelet para fiscalizar la transparencia del proceso.
"Concluimos como Consejo que este fue un proceso con mucho civismo y con mucha participación ciudadana", dijo Soto.
El Consejo valoró particularmente "que las opiniones de las personas no fueran sometidas a las exclusivas categorías que manejamos los abogados constitucionalistas, ni tampoco a las definiciones dogmáticas, sino que fue una expresión de lo que la gente sinceramente identificó como constitucional, estableciendo sus demandas y sus prioridades de futuro", señaló el experto.
La tercera etapa concluyó el jueves, cuando Bachelet entregó las actas del proceso a la Dibam, para que estén disponibles al público.
De ahora en adelante restan la redacción de la nueva Carta Magna con base en la deliberación de la ciudadanía y un plebiscito nacional para aprobar o rechazar la versión final.
"Será interesante ver si la redacción final se va a sustentar o no en lo que debatió la gente", advirtió Soto.
En forma paralela, se realizará también un Proceso Constituyente Indígena, en el que los pueblos originarios se reunirán en todo Chile desde agosto con el fin de debatir aquellas normas que los afectarán directamente, como derechos ciudadanos, culturales, al territorio, religión y cosmovisión, ente otros.
Los resultados de este segundo proceso también serán sistematizados y tomados en cuenta para la redacción de la nueva Carta Magna.
