"En el 94% de las sentencias estudiadas, los victimarios tenían una relación de confianza con las víctimas" y "en 71% de los casos esa relación era de pareja o expareja", dijo a Sputnik la autora del estudio La Respuesta Judicial del Femicidio en Ecuador, la abogada Leonor Fernández.
Esto quiere decir que los asesinos conocían la vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas, lo que "en la mayoría de casos facilita el ataque", observó Fernández.
Esa es la experiencia que relató a esta agencia Isabel L., de 34 años, cuya vida estuvo en peligro mientras mantuvo una relación amorosa con el padre de su hijo, pues "dos veces intentó apuñalarme, pero no lo logró, corrí con suerte porque mis vecinos intervinieron".
"Mi exmarido siempre me pegaba, me insultaba, me quitaba mi plata, y mis papás me pedían que lo dejara; ellos fueron quienes luego me obligaron a presentar la denuncia y llegaron cuando mis vecinos les avisaron que me habían apuñalado", agregó Isabel, quien tuvo que cambiar de residencia luego del último ataque.
En lo que va del año, hubo en el país 69 femicidios, según el Ministerio del Interior, y 93, según el Cedhu y el Taller de Comunicación Mujer.
Las diferencias, según estas dos organizaciones no gubernamentales, se deben a que las autoridades no tipifican como femicidios los asesinatos de niñas, ni los femicidios seguidos del suicidio del agresor, porque este extingue la causa penal, ni los asesinatos de mujeres que salieron en defensa de otras víctimas.
"El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya lo dijo en 2015: Ecuador debe perseverar en los esfuerzos por mejorar el sistema de reunión sistemática de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por edad, tipo de violencia y relación entre autor y víctima", añadió la jurista.
Para la directora ejecutiva de Cedhu, Elsie Monge, es importante considerar el contexto "porque en las sentencias muchas veces esto está ausente y por eso en lugar de calificarse como femicidio se deja como un homicidio cualquiera y eso no debe pasar".
El Gobierno está de acuerdo con que las estrategias se deben reforzar.
El ministro del Interior, César Navas, indicó días atrás que se está creando un sistema de alerta temprana para denunciar casos de violencia de género con el fin de que las autoridades puedan georreferenciar las denuncias que llegan hasta la fiscalía y las llamadas al sistema de auxilio 911.
Así, episodios recurrentes de violencia intrafamiliar se tomarán como indicativo de que una mujer está en alto riesgo de ser víctima fatal de su abusador.
Para la legisladora Dallyana Passailaigue, estas iniciativas no son suficientes.
Las políticas públicas deben reforzarse porque el femicidio "es uno de los pocos crímenes 100% previsibles porque empieza con gritos, golpes, con amenazas dentro del hogar, no cuando el hombre nos arrebata la vida con 17 puñaladas", dijo la legisladora en declaraciones a Radio Quito.
Se debe tomar en cuenta que este crimen "no respeta clase social" y es por ello que "la sociedad debe cambiar de mentalidad y debe dejar de invisibilizar el problema, dejar de decir que esto es violencia intrafamiliar, que es violencia doméstica, dejar de echar hacia la intimidad un problema que le compete al Estado".
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La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de julio por unanimidad una resolución que condena todo tipo de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, presentada por la propia Passailaigue, del opositor Partido Social Cristiano.
Además, en los próximos 30 días ingresará al Poder Legislativo un proyecto de ley contra todas las formas de violencia, que recibirá aportes de organizaciones sociales y de mujeres.