"El proyecto de ley debe modificarse para respetar las autonomías y nuestro Parlamento", declaró el consejero escocés del Brexit, Michael Russell, antes de la reunión prevista el 27 de julio.
El Ejecutivo nacionalista escocés y el Gobierno galés que lidera el laborista Carwyn Jones se oponen al contenido de este macro proyecto de ley, que traspasará al canon legal británico todas las directivas, normas y regulaciones surgidas de Bruselas desde la adhesión del Reino Unido en 1973.
Lea más: Brexit: pagar o no pagar, esa es la cuestión
Ambas administraciones quieren asegurar que el control sobre la pesca y la agricultura, entre otras competencias reguladas por la UE, revierte a sus respectivas instituciones autonómicas.
"El proyecto de ley de la Retirada de la UE es un ataque contra los principios autonómicos y los poderes que el Parlamento escocés ha ganado a duras penas", resaltó Russell.
La tramitación del macro texto legislativo comenzará en el otoño en el Parlamento de Westminster, donde el Gobierno conservador de Theresa May tiene una mayoría técnica de 13 votos, incluidos los escaños de los unionistas norirlandeses.
En este primer encuentro en Cardiff ambos consejeros tratarán de coordinar una línea común para "enmendar el proyecto" a favor de las autonomías.
El Gobierno central puede requerir la aprobación de los parlamentos regionales para ratificar la ley antes del 29 de marzo de 2019, cuando expira el plazo oficial de la adhesión a la UE.
