"Ayer fue un día luminoso de justicia en Mendoza, se ha hecho historia", destacó uno de los abogados querellantes, Pablo Salinas, de acuerdo al diario Página/12.
"Se trata de un juicio muy importante porque se juzga la responsabilidad civil, y resulta clave porque es el primero que llega a un veredicto sobre todo el aparato de la justicia federal", destacó Salinas.
El juez retirado Otilio Romano fue declarado culpable por 33 asesinatos, 84 secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios.
Su compañero Luis Francisco Miret fue sentenciado con la pena máxima por ser partícipe necesario de siete homicidios, tres tormentos y nueve secuestros.
Guillermo Petra Recabarren también fue señalado como partícipe primario en 20 casos de homicidios agravados y de cinco secuestros.
Del resto de los acusados, 13 fueron condenados a penas que oscilan entre los seis y 20 años, y otros tres fueron absueltos.
Además de los exjueces, los acusados eran miembros de las Fuerzas Armadas, altos cargos de la Policía de Mendoza y funcionarios de la Penitenciaría Provincial.
La megacausa abarcó los crímenes que se perpetraron contra 110 víctimas, de las cuales 52 permanecen desaparecidas.
Los nombres de todas ellas fueron leídos a continuación de la sentencia.
"A la sociedad mendocina le ha costado muchos años poder sacar a la luz lo que sucedió durante la dictadura", afirmó Claudia Domínguez, la nieta 117 que recuperó su identidad en agosto de 2015 gracias a Abuelas de Plaza de Mayo, una organización que busca a los hijos de opositores nacidos en cautiverio y apropiados por cómplices de la dictadura.
Esta entidad, junto a Madres de Plaza de Mayo, y otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales, valoraron el veredicto que centenares de personas también celebraron en las inmediaciones del tribunal de Mendoza.
