Los dos jóvenes políticos que tenían orden de captura de la justicia paraguaya están bajo las órdenes del juzgado de 20º turno de Montevideo, que deberá definir la prisión preventiva mientras aguarda por la información que enviará Paraguay en un plazo máximo de 40 días, informó El Observador.
En la tarde del 31 de marzo, se registraron manifestaciones en las inmediaciones del Congreso paraguayo contra un proyecto de enmienda constitucional que habilitaba la reelección del presidente Horacio Cartes, y que fue aprobado de manera irregular por 25 legisladores.
Las manifestaciones derivaron en graves incidentes entre civiles y la policía, que dejaron una parte de la fachada del Congreso en llamas.
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Más tarde, en la madrugada del 1 de abril un grupo de policías irrumpió en la sede del PLRA en un incidente en el que el joven militante Rodrigo Quintana fue abatido por un agente.
Sin embargo, desde el PLRA aseguran que la fiscalía es totalmente parcial en su actuación contra sus militantes por encargo del presidente Horacio Cartes.
Un día después de los incidentes, Cartes destituyó a su ministro del Interior, Tadeo Rojas, y al comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, por los excesos en el uso de la fuerza para controlar las manifestaciones.
Además, el presidente llamó a una mesa de diálogo coordinada por él mismo y la Conferencia Episcopal para que todos los partidos con representación parlamentaria llegaran a puntos en común frente a la propuesta de reforma constitucional.
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Ante la imposibilidad de lograr un consenso, Cartes se distanció de la propuesta reeleccionista, que fue retirada del parlamento.
