"El Estado de Guatemala tiene una gran deuda histórica vinculada a problemas estructurales derivados de su pasado; Guatemala se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas para resolver los problemas estructurales y garantizar los derechos humanos del pueblo o de lo contrario se arriesga a enfrentar retrocesos (…) y repetir episodios de graves violaciones de los derechos humanos", indicó la CIDH en un comunicado difundido este viernes.
La CIDH constató que persisten una serie de desafíos identificados en su informe de 2015, a dos años de las manifestaciones sociales que reclamaron cambios en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y en reclamo de la protección efectiva de los derechos humanos para todos los grupos.
No obstante, hubo "importantes avances" encabezados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala junto con el Ministerio Público y algunos jueces, dijo la CIDH.
Aspectos normativos, institucionales y sociales requieren ser abordados "de forma urgente desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente dada la situación de conflictividad existente en algunas zonas, así como de pobreza, discriminación y exclusión históricas de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad", añade el comunicado.
Conflicto armado
Si bien la CIDH afirma que constató avances en algunos casos vinculados a violaciones ocurridas en el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), estos son "limitados" en comparación con la cantidad de crímenes y "las obligaciones que tiene el Estado con los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas".
Los avances se refieren, por ejemplo al caso de la desaparición forzada de Marco Molina Theissen del centro militar Creompaz (Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento de Paz), que funcionó durante el conflicto armado interno.
El 6 de enero de 2016, 14 oficiales militares retirados fueron detenidos por los delitos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad basados en pruebas halladas en Creompaz en Cobán, Alta Verapaz (centro).
El general retirado Manuel Benedicto Lucas García fue uno de los detenidos por el caso Creompaz, por 554 osamentas que la Fiscalía localizó en la antigua base militar de Cobán, y espera dos juicios por desapariciones forzadas, informó el 30 de julio el portal Publinews de Guatemala.
Lucas García también fue señalado por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen.
Durante la vista, la CIDH visitó las instalaciones de Creompaz, donde funcionó la zona militar 21.
Asimismo estuvo en el sitio donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha exhumado 558 osamentas, "siendo la fosa común más grande de América Latina descubierta hasta la fecha".
Los comisionados de la CIDH también estuvieron en las instalaciones del Archivo de la Policía Nacional Civil y, un sitio al que le reconocen "la importancia que tiene en la reactivación y esclarecimiento de algunos procesos penales por graves violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno".
Como este archivo depende únicamente de la cooperación internacional, la CIDH insta al Estado a destinar recursos y a apoyar su preservación para la memoria, verdad y justicia.
La Comisión tomó conocimiento asimismo "de la decisión emblemática de la Sala de Apelaciones de procesos de Mayor Riesgo de ratificar la histórica sentencia del caso (del destacamento militar) Sepur Zarco, relativo a violencia doméstica y sexual de mujeres mayas q'eqchi".
En febrero de 2016 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente emitió sentencia condenatoria contra el excomandante de Sepur Zarco, el coronel Esteelmer Reyes Girón, y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig por violación sexual y servidumbre sexual y doméstica contra 15 mujeres, informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala.
"Por primera vez en Guatemala y en el mundo, un tribunal nacional ha juzgado y condenado la esclavitud sexual como crimen de guerra", aseguró el PNUD al divulgar la información.
Más allá de los avances, la CIDH constató que "persisten múltiples factores que contribuyen a una situación de impunidad estructural tanto de casos que involucran violaciones a derechos humanos del pasado, como del presente".
En ese sentido la Comisión fue informada sobre "el uso abusivo del amparo" como estrategia dilatoria de los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados.
La CIDH sostuvo reuniones con el presidente de la República, Jimmy Morales y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, entre otras autoridades, durante la visita que se extendió entre el 31 de julio y este viernes.
