Esta ley suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por estas comunidades mientras no se realice un relevamiento de los territorios que habitan.
En el Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se celebra este miércoles, las entidades firmantes recordaron que la Ley 26.160 fue sancionada en 2006 con el propósito de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo de todo el territorio argentino, una de las principales obligaciones que el Estado contrajo al reconocer sus derechos.
En Argentina existen al menos 623 comunidades registradas sin relevar, y otras 303 colectividades no han visto concluido ese proceso, según certificaron las agrupaciones.
En al menos 13 de las 24 provincias del país, "o bien no ha iniciado el proceso de relevamiento, o bien el relevamiento está aún en proceso", sostuvieron.
La Ley 26.160, aprobada durante el Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), exige al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, que realice el relevamiento del terreno reclamado por las comunidades.
A una década de su reglamentación, esa ley es necesaria para que las comunidades indígenas puedan progresar en sus reivindicaciones, reciban la titularidad comunitaria de sus territorios y tengan seguridad jurídica, explicaron las organizaciones.
La normativa "brinda una herramienta de resistencia a las comunidades indígenas para frenar desalojos injustos de los territorios hasta tanto no se culmine el relevamiento", sostienen en el documento.
El INAI informó en agosto de 2016 que se elaboró un nuevo proyecto de prórroga de la ley 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2021, pero hasta el momento la medida no ha sido presentada al Congreso, advirtieron las entidades.
"El 60% de las comunidades registradas por el INAI quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio", alertaron.
Los impulsores que suscribieron esta iniciativa son Amnistía Internacional, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo /Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra.
Acompañaron este pedido la Comunidad indígena El Mollar (pueblo Los Tafíes), la Confederación Mapuche, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Asociana, el Instituto de Cultura Popular, el Parlamento Mapuche, la Red Agroforestal Chaco Argentina, el Servicio de Justicia y Paz y la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán.
