"Solicitamos como muestra de fortalecimiento y afirmación democrática que el texto legislativo que regula la existencia de fundaciones impida explícitamente la actividad de cualquier fundación que actúe o realice campañas de difusión contra los derechos humanos", informó la ARMH a través de un comunicado.
En octubre de 1976, un año después de la muerte del dictador, se constituyó la Fundación Nacional Francisco Franco, organización dedicada "contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española"
Esta organización —que por su condición de fundación obtiene ciertas ventajas fiscales— fue objeto de polémica en mayo después de que se conociera que obtuvo más de 150.000 euros en tres años por parte del Estado para el desarrollo de distintos proyectos.
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Además, la FNFF volvió a acaparar la atención mediática hace dos semanas después de que la descendencia del dictador delegase en ella la responsabilidad de gestionar las visitas al Pazo de Meirás, residencia estival del caudillo situada en la provincia Gallega de La Coruña.
"La actividad de las fundaciones tiene una protección especial por parte de las administraciones públicas o algunos beneficios como el hecho de que donarle dinero desgrave impuestos, algo que supone una subvención indirecta, un agravante en el caso de fundaciones que no respetan los límites establecidos por los derechos humanos", explica el comunicado de la ARMH.
Bonifacio Sánchez, miembro de la ARMH, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados pretende subsanar un "error histórico" y "normalizar una situación anómala" como la existencia de la FNFF.
