Los diputados que defienden los intereses del agronegocio, conocidos como ruralistas, "colocaron sobre la mesa como condición proyectos de ley que en algunos casos venían intentando aprobar durante décadas sin éxito (y que) ahora se están aprobando de la noche a la mañana", dijo Astrini, responsable de políticas públicas de Greenpeace Brasil.
El agronegocio empezó a de inmediato a cobrar sus deudas: la victoria más destacada es la aprobación de la medida provisional 759, que determina el uso de la tierra en Brasil, una cuestión muy amplia y delicada porque provoca desde deforestación hasta asesinatos en el campo, opinó Astrini.
El portavoz de Greenpeace lamenta que el Gobierno de Temer haya dado un aval a los "grilheiros" (personas que fingen ser propietarias de un terreno público para adueñarse de él y explotarlo económicamente) porque la medida 759 legalizó esas maniobras ilegales.
"Por un lado, se incentiva a quien deforesta y, por el otro, se reduce el presupuesto de quien combate el crimen", como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, afirmó Astrini.
Hace unas semanas el Senado aprobó una medida que reduce en 305.000 hectáreas el más alto grado de protección de la selva de Jamanxim, en el estado de Pará (norte).
Ante la presión del Gobierno de Noruega, que reprendió públicamente a Temer en un viaje oficial al país, y de movimientos ecologistas, el presidente brasileño vetó la propuesta.
"Es el peor momento para Brasil en los últimos 30 años, el peor retroceso ambiental", aseguró el activista.
A pesar de que los diputados ruralistas siempre presionaron con fuerza, ahora, por primera vez, cuentan con un "aliado fiel" en la Presidencia dispuesto a escuchar "con cariño" sus demandas, sostuvo.
Sin embargo, Greenpeace recordó que los números de la deforestación empezaron a subir durante la gestión de Dilma Rousseff (2011-2016), después de algunos años de resultados positivos.
Entre agosto de 2015 y julio de 2016 se perdieron casi 8.000 kilómetros cuadrados de selva, un aumento cercano al 30% respecto al periodo anterior, según datos oficiales.
Esas cifras equivalen a perder 128 campos de fútbol de selva cada hora.
También lamentó que, en el marco del compromiso del Acuerdo de París sobre el clima, el Gobierno de Rousseff se comprometiera a acabar con la tala ilegal en el año 2030, porque implica asumir que la ley solo se cumplirá dentro de 15 años.
Por estos motivos el portavoz de la organización ecologista no confía en que un hipotético futuro Gobierno de izquierdas en Brasil sea más sensible a la cuestión ambiental y pronostica que la solución, en todo caso, llegará de afuera.
"Buena parte de lo que se produce en Brasil va a Europa y allí se toman este tema más en serio, una marca europea o de EEUU tiene pavor de verse asociada a productos que vienen del trabajo esclavo, de la deforestación, del conflicto social, etcétera; el Gobierno de Temer está aumentando el riesgo de que el producto brasileño pierda competitividad en algunos mercados", advirtió.
Para Astrini será determinante la postura que adopten países que importan productos brasileños como soja o carne bovina, principales vectores de la pérdida de bosques nativos.
Temer fue denunciado por corrupción pasiva por supuestamente haber recibido sobornos del grupo cárnico JBS, pero la Cámara de Diputados archivó la denuncia alegando falta de pruebas determinantes y que su destitución sería negativa para la estabilidad necesaria para la recuperación económica.
No obstante, el presidente podría ser denunciado por otros dos presuntos delitos: obstrucción de la justicia y pertenencia a organización criminal.
