"La intención fue excelente: hacer un mosaico de unidades de conservación, de protección con áreas indígenas, con Áreas de Protección Ambiental (APAs), con Flonas (Floresta Nacional) y parques; no funcionó", aseguró en referencia a los distintos niveles de protección que conviven en la legislación brasileña, según recoge el diario Estado de São Paulo.
Con la propuesta, que cuenta con el visto bueno del Gobierno, 349.000 hectáreas de bosque dejarán de ser tratadas como Floresta Nacional (el nivel máximo de protección) y serán clasificadas como APAs, la categoría más flexible, que permite acciones como la compraventa de tierras, cultivos y actividades mineras.
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Los terrenos afectados por este cambio administrativo corresponden a una franja de selva próxima a la carretera BR-163, que une los estados de Mato Grosso y Pará y que desde hace años es uno de los mayores focos de deforestación ilegal en Brasil.
El ministro rebatió las acusaciones de las entidades ecologistas y aseguró que lo que propone el Gobierno es tener en cuenta a las propiedades productivas que ya existían en esa zona antes de que se creara el parque nacional.
Brasil está viviendo un rápido repunte de la deforestación en los últimos meses y años: entre agosto de 2015 y julio de 2016 se perdieron casi 8.000 kilómetros cuadrados de selva, un 30% más respecto al periodo anterior, según datos oficiales.
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Estas cifras, que equivalen a perder 128 campos de fútbol de selva cada hora, podrían ser peores en los últimos meses, ya que las organizaciones ecologistas alertan de que el Ejecutivo de Temer es el más favorable a los intereses de los sectores ruralistas en los últimos 30 años, lo que en su opinión está provocando graves retrocesos en materia ambiental.
