El Comité Central Antiterrorista difundió una nota que hace mención del apartado 6.5 de la Ley contra el Terrorismo y obliga a referirse en adelante a los militantes de ARSA como "terroristas", y no "insurgentes", en las declaraciones públicas y en los medios de comunicación.
La nota menciona que los ataques se lanzaron contra 30 puestos policiales, y no una veintena como se afirmó anteriormente.
Desde su cuenta de Twitter, ARSA ya respondió que no hace sino ejercer "legítima defensa" acorde al derecho internacional para salvar y proteger del "terrorismo de Estado" a la comunidad rohinyá de Arakán (antiguo nombre de Rakáin).
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En su declaración, el comandante de ARSA acusa a las tropas gubernamentales de cometer delitos de guerra, incluyendo matanzas indiscriminadas de civiles rohinyás, violaciones y saqueos.
Birmania no les otorga ciudadanía a los rohinyás al considerarlos inmigrantes ilegales del vecino Bangladés.
A raíz de los disturbios en 2012 fueron quemadas aldeas enteras de los rohinyás.
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El conflicto en Rakáin se agudizó después de que los combatientes armados de los rohinyás realizaran en octubre y noviembre de 2016 una serie de ataques contra guardias fronterizos del estado.
