"No se abonó comisión alguna", dijo la procuradora en un escrito que presentó ante el juez federal Julián Ercolini en Buenos Aires.
La procuradora insistió en que que diez áreas técnicas internas y dos organismos externos (Tribunal Nacional de Tasación y Escribanía General de la Nación) analizaron las ofertas y concluyeron el proceso de compra.
Su abogado Alejandro Rúa afirmó que "está probado que Alejandra Gils Carbó no cobró ni se benefició por esta operación, ya que no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario que como funcionaria judicial de carrera percibe en su cuenta sueldo desde hace 30 años".
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Thill, productor de seguros, es hermanastro del subdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
La compañía vendedora del edificio, llamada Arfinsa y perteneciente a la familia Bemberg, pagó 8 millones de pesos (455.000 dólares) a la inmobiliaria en concepto de comisión, la cual, a su vez, destinó una parte a Thill.
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La justicia investiga si la licitación por la que se compró el inmueble estaba pactada antes de ser pública para que se beneficiaran los que luego cobraron comisiones.
Alegato de la procuradora
"Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill", enfatizó la jefa de los fiscales.
La compra del edificio "no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público".
"Por el contrario se adquirió un bien inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal", añadió en su escrito.
La denuncia anónima que dio origen a la causa judicial sugería una participación del marido de Gils Carbó, "sin embargo esos supuestos también fueron desacreditados", sostuvo la procuradora.
"Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill", resumió en su presentación.
El progreso de esta causa tiene lugar mientras el Gobierno de Mauricio Macri ha manifestado su interés de remover a Gils Carbó.
La fiscal, quien asumió su cargo en agosto de 2012 durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), advirtió que emprendería acciones legales si el Ejecutivo proseguía en su intento de destituirla.
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La titular del Ministerio Público Fiscal solo puede ser cesada a través de un juicio político en el Congreso, según la Ley del Ministerio Público.
