"El Estado español ha hecho un salto cualitativo en el fomento del miedo para evitar el referéndum del 1 de octubre", afirmó Puigdemont.
5 de septiembre 2017, 09:51 GMT
Así comenzó la declaración institucional del Gobierno catalán para criticar la decisión del Tribunal de Cuentas, que reclama el ingreso de cinco millones de euros al expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega, a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau,y a otra media docena de cargos de la administración catalana vinculados a la organización del referéndum del pasado 9 de noviembre de 2014.
El presidente catalán tildó esta medida de "represalia económica" e "incautación".
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Para Puigdemont, la actitud del Estado es "una señal de impotencia de relacionarse inadecuadamente ante un problema democrático y político" e insistió que el Estado "aumentó sus agresiones a los ciudadanos que quieren votar, en una semana que es decisiva e histórica".
