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Gobierno argentino analiza reformar Consejo de la Magistratura

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino de Mauricio Macri estudia un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, el órgano que evalúa el desempeño de los jueces.

"El Gobierno analiza una modificación del Consejo de la Magistratura", elevando de 13 a 17 el número de integrantes del organismo, informaron el martes a Sputnik fuentes judiciales.

El Consejo de la Magistratura está integrado en la actualidad por tres senadores, tres diputados, tres jueces, dos abogados, un representante del Gobierno y un académico.

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Uno de ellos sería uno de los cinco jueces que conforma la Corte Suprema, pero que no podrá presidir el organismo.

También constituirían el Consejo cuatro magistrados del Poder Judicial, dos de ellos federales; seis representantes del Congreso que no pueden ser ni diputados ni senadores; cuatro abogados; un representante del Poder Ejecutivo, uno del ámbito académico, y otro de la esfera científica.

El Consejo de la Magistratura no sólo evalúa las denuncias por mal desempeño de los magistrados, sino que también tiene injerencia para imponer sanciones y para nombrar y destituir jueces.

La duración de los cargos continuaría siendo de cuatro años, con la posibilidad de renovar el mandato.

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Sólo el consejero representante de la Corte Suprema duraría un año en su puesto, sin poder ser reelegido.

El proyecto fue presentado por el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, y fue analizado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y por el diputado oficialista Pablo Tonelli en una primera reunión celebrada el lunes.

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La reforma sería presentada por la diputada Anabella Hers, de la coalición gobernante Cambiemos.

No podrán ser parte de este organismo quienes hayan sido condenados en los últimos 20 años por delitos dolosos, o quienes hayan sido sentenciados por delitos culposos o sanciones administrativas en los últimos 10.

Un procesamiento en firme también inhabilita a cualquier candidato a integrar el Consejo de la Magistratura.

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También se prohibiría el ingreso al organismo de aquellos que arrastren condenas por delitos de lesa humanidad o por delitos contra la administración pública. 

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