"La aprobación de esta ley reconoce la realidad que viven las mujeres en el país y garantiza la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, de manera legal, disponible y segura con el fin de salvaguardar la vida y la integridad personal de las mujeres, niñas y adolescentes", afirmó el organismo en un comunicado.
La nueva legislación establece la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay peligro de vida para la mujer, cuando existe inviabilidad fetal de carácter letal y ante un embarazo por violación.
Bachelet introdujo este proyecto en enero de 2015 con el objetivo de "dar un trato digno a las mujeres en situaciones de vida críticas; de tomar en consideración su libre voluntad para decidir sobre su embarazo, proponiendo alternativas legales y seguras; y de proteger a las mujeres de prácticas que ponen en riesgo su vida y su salud, y que pueden representar una vulneración a sus derechos".
"El derecho a la salud sexual y reproductiva implica el derecho de las mujeres a tener acceso, sin discriminación, a servicios de salud dirigidos a combatir los posibles riesgos antes, durante y después del embarazo (…) el Estado ha de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir de forma segura, legal y voluntaria su embarazo, como garantía a una maternidad sin riesgos y al derecho de todas las mujeres a la salud", dijo la primera vicepresidenta de la CIDH y relatora de los Derechos de las Mujeres, Margarette May Macaulay.
El 21 de agosto el Tribunal Constitucional decidió rechazar los requerimientos dando paso a la aprobación de la ley.
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La CIDH instó además a otros Estados de la región que aún no cuentan con el marco normativo adecuado a trabajar para adoptar una legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos.
