La ley es "un golpe de Estado perpetrado por las fuerzas separatistas catalanas en el fondo y en la forma", dijo el parlamentario por Madrid.
En el fondo, explicó, porque ese tipo de referéndum "no está permitido por la Constitución española" y su procedimiento "no puede ser salvado por ningún parlamento racional, por lo tanto se ha hecho en contravención de todas las normas jurídicas españolas", y "las fuerzas separatistas catalanas conocían perfectamente la incapacidad para promover ese proceso".
A juicio de Maura, es de esperar que el Tribunal Constitucional "anule completamente la ley del referendo de autodeterminación para Cataluña", pero también que "las fuerzas separatistas catalanas no acepten el veredicto del Tribunal Constitucional, de manera que ellos intentarán en todo caso promover y realizar el referéndum".
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Sin embargó, recordó, además del Tribunal Constitucional el Gobierno "tiene otros instrumentos jurídicos a su alcance para impedir que se celebre dicho referéndum".
"Hay fundamentalmente un instrumento que ya se aprobó, que es una ley ordinaria de seguridad nacional, que podría ser utilizada para impedirlo y también existe la aplicación del artículo 155 de la Constitución española; un instrumento y otro podrían perfectamente impedir que se celebrara la consulta", puntualizó.
"El Estado haría en todo caso arbitrar los mismos procedimientos de los que he hablado, o sea tanto la ley de seguridad nacional como el artículo 155 con niveles de suspensión de la autonomía de Cataluña para impedir que ese resultado llevara a efecto, serían también vías para impedirlo a posteriori después de celebrado eventualmente ese referéndum", concluyó.
El Parlamento de Cataluña aprobó por mayoría absoluta la ley del referéndum que coloca a la legalidad catalana por encima de la española para convocar una consulta sobre la independencia del territorio.
El Gobierno español ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional reclamando la suspensión inmediata de la ley del referéndum.
El artículo 155 de la Constitución española permite al Ejecutivo central adoptar "las medidas necesarias" para obligar a una comunidad autónoma a cumplir las obligaciones que le corresponden por ley.
Entre las posibilidades que incluye este artículo figuran desde la suspensión de cargos electos hasta asumir el gobierno de una autonomía.
