Según el partido de la izquierda independentista, los alcaldes no pueden ser citados por una votación que cuenta con un marco legal.
Además, considera que la Fiscalía "no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes y alcaldesas" que se nieguen a comparecer.
"Ordenando estas detenciones sobrepasa su límite competencial, vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad", agregan.
La CUP está al frente de 28 alcaldías y forma parte de una coalición de gobierno en los municipios de Sabadell y Badalona.
"Denunciamos la actuación demofóbica y el ataque a los derechos fundamentales del Estado español", aseguraron desde la formación.
Uno de los primeros alcaldes de la CUP en pronunciarse ha sido Eudald Calvo, del municipio de Argentona, que ha escrito en su cuenta en la red social Twitter: "Tengo mucho trabajo y no puedo estar para estas tonterías: quien quiera venir a hablar conmigo ya sabe dónde encontrarme", mensaje al que ha añadido el 'hashtag' #HolaDictadura.
En concreto, se imputará a los que firmen un decreto para ceder locales para celebrar el referéndum el 1 de octubre.
En caso de que no comparezcan, el fiscal podrá reclamar su detención.
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Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el ministerio público "en calidad de investigado y asistido de letrado".
La orden señala que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población".
Esa lista fue publicada en la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia.
Según el fiscal, esta conducta "puede constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa" y además "prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión".
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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre.