En concreto, se imputará a los que firmen un decreto para ceder locales para celebrar el referéndum el 1 de octubre.
Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el ministerio público "en calidad de investigado y asistido de letrado".
La orden señala que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población".
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Esa lista fue publicada en la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia.
Según el fiscal, esta conducta "puede constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa" y además "prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión".
