En declaraciones a Catalunya Ràdio, Sabater ha dicho tener constancia de "llamadas intimidatorias" y ha afirmado que el subdelegado del Gobierno español en Barcelona, Emilio Ablanedo Reyes, llamó por teléfono a un trabajador municipal de Badalona para decirle que si colabora con la cesión de espacios "incurrirá en delito".
Según la Fiscalía, su conducta "puede constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa" y además "prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión".
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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre.