Están acusados de "difundir y promocionar el referéndum de autodeterminación" pese a conocer "que está suspendido por el Tribunal Constitucional".
Esta querella se produce después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, enviase una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como imputados de todos los alcaldes que apoyen en el referéndum.
En concreto, se imputará a los que firmen un decreto para ceder locales para celebrar el referéndum.
En caso de que no comparezcan, el fiscal podrá reclamar su detención.
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Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el ministerio público "en calidad de investigado y asistido de letrado".