A pesar de que México "ha avanzado en la protección de los derechos de sus nacionales", la respuesta de la ONU al tercer informe periódico del país indica que ese comité está "muy preocupado" por el aumento significativo de expulsiones de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, contabilizadas por el Gobierno mexicano en unas 200.000 anuales.
El Comité recomendó que el Estado mexicano actúe "en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y desde un enfoque de los derechos humanos, igualdad de género y no discriminación".
Con ese fin sugirió tres medidas: que fortalezca el sistema actual de recolección de datos, con participación de organizaciones de la sociedad civil y la ONU; que garantice la coordinación, integración y difusión de esos datos; y que incluya la situación de todos los trabajadores migratorios y familiares, "en tanto país de origen, tránsito, destino y retorno".
Además, indica que los solicitantes de asilo deben tener "servicios de asistencia y representación jurídica gratuita" y poder, además, "ejercer su derecho a interponer recursos efectivos".
El Comité mantiene su "especial preocupación ante la vulneración de derechos humanos de los defensores de los migrantes".
El organismo de la ONU también observó con preocupación el aumento significativo de los crímenes contra migrantes.
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Señaló asimismo los riesgos en el tránsito por el territorio, en rutas alternativas usadas por los migrantes y sus familiares "a fin de evitar los múltiples dispositivos de control" desplegados por el Estado mexicano en las rutas hacia EEUU.
Sin embargo, tomó nota del esfuerzo que realiza el Estado mexicano por "enfrentar al crimen organizado y brindar seguridad integral a las personas en su territorio".
La ONU considera a México como un país de origen, tránsito, destino y retorno de trabajadores migrantes y sus familias.