"Entiendo que no está suficientemente objetivado el temor de parcialidad que invocó el querellante particular", alegó el magistrado en su resolución.
Como parte de la querella en la causa, la familia pidió el apartamiento del juez porque él fue quien autorizó la intervención de la Gendarmería en el desalojo de una carretera bloqueada por la comunidad mapuche Lof en Resistencia que dio origen a los incidentes violentos.
El juez sostuvo que su intervención "no me ha hecho tomar una postura preconcebida acerca del objeto suprocesal de esta investigación, esto es, si efectivamente el día 1 de agosto Santiago Maldonado fue detenido por Gendarmería Nacional Argentina".
En una resolución del 31 de julio que permitió la intervención de esta fuerza federal, el juez sostuvo que la comunidad mapuche Pu Lof con la que estaba Maldonado realiza desde 2015 la misma modalidad de protesta violenta que había adoptado ese día en la carretera.
La familia también cuestiona al magistrado porque la pesquisa debería abarcar los hechos que dieron origen al accionar de esa fuerza federal, bajo la esfera del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
En su resolución del viernes, el juez advirtió que "no forma parte del objeto de esta investigación la decisión política de instruir a las fuerzas de seguridad para que actúen en cumplimiento de sus facultades legales ante episodios de ese tenor".
Según el magistrado, ese procedimiento "no es una circunstancia que incida en la comprobación de que en ese contexto Santiago Maldonado ha sido víctima o no de desaparición forzada de personas".
Suspensión de audiencias
En su recusación, la familia también denunció que el 12 de septiembre se suspendieron de repente las audiencias programadas para recibir otras declaraciones testimoniales, y que Otranto citó a declarar en condición de testigos a 16 gendarmes.
Para la querella, esto se debió a una reunión que el juez sostuvo tres días después con el secretario de Seguridad Interior y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas Provinciales.
Sobre ese supuesto, el juez respondió que "no permite suponer que tenga una posición predeterminada sobre la responsabilidad de esa fuerza en el hecho".
"La decisión de suspender las declaraciones testimoniales previstas para el martes 12 de septiembre y recibir en cambio las declaraciones testimoniales de gendarmes (…) se debe a que las tres personas de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen que deberían haber declarado ese día ya habían faltado a las audiencias del día anterior y no existía seguridad de que se presentaran el martes", concluyó.
Las explicaciones del magistrado fueron remitidas a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en la ciudad más poblada de la provincia de Chubut, que decidirá si el magistrado continúa a cargo de la causa.
