"La querella, en primer lugar, fue presentada a título principal por el abogado Miguel Durán y tres días después VOX presentó otra con un contenido similar, por lo que se recogió en la misma causa", explicó una portavoz del TJSC.
Según narran las fuentes judiciales consultadas por esta agencia, la querella se presentó después de que Vidal dijera en varias conferencias que el Gobierno catalán tenía a su disposición los datos fiscales de todos los ciudadanos del territorio mediante métodos ilegales.
"La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal", dijo en las citadas conferencias el entonces senador, según recogió el diario El País.
Desde la presentación de esas querellas, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona fue practicando diligencias de manera secreta sobre posibles ilegalidades del proceso independentista catalán, llegando a aumentar a más de 20 el número de personas investigadas en la causa por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
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En el marco de esa investigación, el juzgado ordenó este miércoles la realización de un total de 41 registros, entre los que destacan seis inspecciones en despachos ubicados en distintas sedes oficiales del Gobierno catalán.
"El registro se limita a los despachos de personas que tienen condición de investigadas dentro de la causa", explicó el juzgado a través de una nota informativa.
A raíz de estos registros fueron detenidas un total de 14 personas, entre las que destacan altos cargos del Gobierno catalán como Lluís Salvadó, secretario de Hacienda o Josep María Jové, secretario general de Economía y Hacienda.
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También fueron detenidos miembros de la consejería de Gobernación del Ejecutivo catalán, de la oficina de Asuntos Exteriores, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o de la fundación encargada de gestionar los sitios web con dominio catalán (.cat), además de directores de empresas presuntamente relacionadas con la logística del referéndum.
El Ministerio del Interior comunicó que en el marco de las actuaciones desarrolladas este 20 de septiembre fueron intervenido diverso material electoral para la realización del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
"En el registro realizado en una nave localizada en el polígono industrial Can Barris de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona), se ha procedido a la intervención de 9.894.350 papeletas de votación", detalló el departamento gubernamental.
Según el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, Cataluña está siendo "víctima" de una "acción coordinada de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior español" con el objetivo de "impedir que el conjunto de los catalanes se puedan expresar en libertad y en paz el 1 de octubre".
Pese a que desde el TSJC niegan que Madrid tenga nada que ver con el operativo desarrollado este miércoles por orden judicial, el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, aseguró esta mañana en el Congreso de los Diputados que "el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para evitar que se incumpla la ley en Cataluña".
