"Respetamos la orden constitucional y los marcos jurídicos de cada Estado miembro (de la UE)", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, contestando a las preguntas de los periodistas sobre los registros.
A raíz de estos registros fueron detenidas un total de 14 personas, entre las que destacan altos cargos del Gobierno catalán como Lluís Salvadó, secretario de Hacienda o Josep María Jové, secretario general de Economía y Hacienda.
También fueron detenidos miembros de la consejería de Gobernación del Ejecutivo catalán, de la oficina de Asuntos Exteriores, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o de la fundación encargada de gestionar los sitios web con dominio catalán (.cat), además de directores de empresas presuntamente relacionadas con la logística del referéndum.
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En esas medidas se daba 48 horas al presidente catalán para decretar un "acuerdo de no disponibilidad" del presupuesto, y si no lo hacía, lo haría el Ministerio de Hacienda.
Estos registros también se produjeron un día después de que la policía incautase material relativo a la organización del referéndum, en concreto, de sobres y notificaciones electorales para la consulta prevista el 1 de octubre.