El escrito apunta a la responsabilidad en la movilización de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El delito de sedición está regulado en el artículo 544 y siguientes del Código Penal y se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel.
"El delito castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Según el escrito, "voluntarios de la ANC, conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial, hicieron un cordón ante la puerta de la Consellería de Economía para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos" en aquella jornada.
Además, señalan que "a las 00.13 h del jueves, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera".
"Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sànchez llamaron a la 'movilización permanente' a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo".
La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge que la Audiencia Nacional es competente para investigar y enjuiciar "los delitos contra la forma de Gobierno".
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