"Río de Janeiro no está en guerra, tiene una situación de violencia urbana difícil", aseguraba la noche de este viernes el secretario de Estado de Seguridad Pública, Roberto Sá, muy criticado por su gestión al frente de la Policía Militar, el cuerpo que se encarga de la seguridad en las calles de la ciudad brasileña.
Varios helicópteros, 950 hombres del Ejército y al menos 14 tanques se desplegaron por el perímetro de la favela, situada frente a la exclusiva playa de São Conrado y a pocos metros de Leblon, el barrio con el metro cuadrado más caro de Río y de toda América del Sur.
Decenas de vecinos se vieron impedidos de llegar a sus casas, 2.500 niños de la favela no pudieron ir a clase, el suministro eléctrico cayó en buena parte del barrio debido al impacto de las balas y los centros de salud echaron el cierre, al menos durante todo el fin de semana.
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La operación del Ejército tenía como objetivo dejar margen a los agentes de la Policía Militar para que entraran de nuevo en la favela en busca de los narcotraficantes de dos facciones rivales que se disputan el control del mercado de drogas en la zona.
En las favelas de São Carlos, Macacos y Vila Vintém (situadas a decenas de kilómetros de Rocinha) hubo seis detenciones (entre ellos un adolescente) y tres delincuentes heridos.
Según la Policía Miliar estos "desdoblamientos de las operaciones en Rocinha" permitieron incautar dos fusiles, ocho pistolas, ocho granadas, nueve cargadores de fusil, dos cargadores de pistola, dos motos, 29 kilos de marihuana y 260 sobres de cocaína, entre otros bienes.
A pesar de estas conquistas policiales para los especialistas el recurso del Ejército empleado este viernes con urgencia en Rocinha certifica el fracaso de las políticas públicas de seguridad implementadas por las autoridades de Río.
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A las tradicionales críticas de organizaciones pro derechos humanos, partidos de izquierda y asociaciones de vecinos de las favelas por la truculencia policial y el escaso éxito de estas aparatosas acciones militares se sumaron voces inéditas hasta ahora.
La erosión de las políticas de seguridad en Río se agravó en los últimos años y especialmente en los últimos meses, tras la celebración de los Juegos Olímpicos en agosto de 2016.
La esperanza de una paz duradera en las favelas de Río tomó cuerpo en el año 2008, cuando arrancó el proyecto de instalar en estas comunidades las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP).
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Estas nuevas unidades policiales querían acabar con la lógica de los enfrentamientos estériles entre policías y narcotraficantes, instalando bases permanentes que funcionarían como policía de proximidad.
La actual crisis financiera que vive el Estado de Río, que apenas tiene dinero para pagar a los policías, acabó de agravar el cuadro: los tiroteos vuelven a ser una rutina diaria, los albergues y hostels para turistas que florecieron en los últimos años en Rocinha y otras favelas empiezan a bajar las persianas.
Mientras tanto los vecinos de estas comunidades asumen resignados cómo se echó por tierra el sueño de la pacificación: "Creo que después de celebrar el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos ya estamos acogiendo otro macroevento, la 3ª Guerra Mundial", explicaba con sarcasmo a Sputnik el joven estudiante Thom Motta, vecino de la favela de Rocinha en los últimos dos años.