El auto del TSJC pide a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra —la policía autonómica catalana— "impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos" para "la preparación de la celebración del referéndum".
"En el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios", reza el auto emitido por el juzgado.
Del mismo modo, el TSJC recordó a los agentes que tienen la obligación de "requisar todo el material relacionado con el referéndum" que pueda ser encontrado en los citados edificios, lo que implica, por ejemplo, la confiscación de urnas o papeletas electorales.
El auto obliga a la Fiscalía —encargada hasta ahora de las actuaciones e instrucciones— a dar un paso a un lado porque el caso ya fue asumido por una magistrada.
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Este 27 de septiembre, los Mossos d'Esquadra solicitaron públicamente a las autoridades judiciales que todas las actuaciones en relación con el referéndum sean "especialmente cuidadosas con los principios de oportunidad y proporcionalidad" para evitar "consecuencias no deseadas" ante el "previsible riesgo de alteraciones del orden público".
