En concreto, la jueza Carmen Lamela admitió a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas de Cataluña del 20 y 21 de septiembre.
La magistrada de la Audiencia Nacional acuerda "librar oficio a la Guardia Civil para que elabore el atestado sobre las actuaciones", según expone en el auto, que considera que las concentraciones ocurridas esos días a las puertas de la Consejería de Economía tras los registros buscarían "tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española".
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"La descripción del delito de sedición en el Código Penal —recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel— encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado", señala el auto.
