"Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo: este referéndum ilegal convocado por la Generalitat [el Gobierno catalán] ya ha sido anulado por el Estado de derecho", afirmó el ministro portavoz en declaraciones a los medios.
Agentes de la Guardia Civil acudieron en la mañana del 30 de septiembre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) del Gobierno catalán para, en cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), suspender servicios informáticos que podrían ser utilizados en el referendo.
Las diligencias ordenadas por el tribunal catalán también incluyen la adopción de "medidas necesarias para la detención de puntos de votación electrónica en diferentes colegios electorales".
Todas estas actuaciones judiciales en contra del referéndum se derivan de la suspensión del mismo por parte del Tribunal Constitucional y de la insistencia del Gobierno catalán de celebrar el referendo pese a la prohibición.
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Según Méndez de Vigo, el nuevo "golpe" policial a la logística del "referéndum ilegal" evita "que se pueda hacer el voto telemático o el recuento de los votos".
"Este referéndum ilegal no tiene ningún apoyo internacional, no tiene Sindicatura Electoral, no tiene papeletas oficiales, no hay lista de censo, no hay constitución de las mesas y no hay recuento telemático", dijo Méndez de Vigo para desacreditar la validez de la convocatoria.
Según explicó Méndez de Vigo, el Gobierno español está siguiendo "con tranquilidad y serenidad" el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña y tomará "las decisiones oportunas" a lo largo de la mañana del 1 de octubre en virtud de lo que ocurra.
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Pese a los múltiples golpes policiales contra la logística del referéndum, el Gobierno catalán aseguró de forma reiterada tener planes de contingencia para llevar a cabo la votación.
