"No ha habido referéndum ni apariencia de tal", afirmó tajante Sáenz de Santamaría, que acusó al Gobierno catalán estar en una "enloquecida carrera" para "pasar por encima de todos con tal de imponer su criterio".
A su modo de ver, la insistencia del Gobierno catalán en celebrar la votación "pese a la ilegalidad constatada" y las "innumerables suspensiones judiciales" supone una "absoluta irresponsabilidad" con la que se pretende que "la ley y la justicia queden invalidadas en Cataluña".
Además, la vicepresidenta del Ejecutivo central acusó a las autoridades catalanas de eliminar "cualquier vestigio democrático" con su decisión de anunciar pocos minutos antes de la hora establecida para la apertura de urnas la instauración de un sistema de censo universal para que cualquier ciudadano pudiese votar desde cualquier centro electoral.
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En cuanto a la polémica actuación policial contra los ciudadanos que esta mañana se concentraron en los centros de votación, la vicepresidenta afirmó que las fuerzas de seguridad actuaron de forma "proporcionada" para solventar la situación creada por la "irresponsabilidad" del Ejecutivo catalán.
"La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de los cuerpos de seguridad", afirmó Sáenz de Santamaría, antes de destacar que los agentes se limitan a cumplir órdenes judiciales y que su actuación no va dirigida contra la población sin no contra el material electoral.
En muchos de estos centros, los efectivos policiales se encontraron con multitudes de manifestantes y colas de votantes, que, haciendo uso de la resistencia pasiva, trataron de impedir el avance de los agentes, dando lugar a situaciones de tensión.
Según datos del Gobierno catalán, los enfrentamientos dejaron hasta el momento un total de 337 personas heridas, la mayoría por contusiones.
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Las autoridades catalanas afirman que, pese al despliegue policial, el 75% de las mesas electorales fueron constituidas y la jornada electoral sigue adelante.
Por su parte, la vicepresidenta española consideró que las actuaciones "del Estado de derecho" hacen que el referéndum haya quedado "desbaratado".