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Fiscal argentino solicita que se amplíe embargo contra expresidenta Cristina Fernández

© REUTERS / Marcos BrindicciCristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina (archivo)
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El fiscal federal argentino, Gerardo Pollicita, requirió al juez federal, Sebastián Ercolini, que se amplíe el embargo de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su procesamiento en una causa que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

"Venimos a través del presente escrito a solicitar a V.S. que disponga las medidas necesarias para que se proceda a afectar al embargo preventivo decretado en autos los bienes que se detallarán en esta presentación y que se encuentran registrados a nombre de la expresidenta", señala el dictamen al que Sputnik tuvo acceso.

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En su presentación al magistrado, Pollicita también pidió que se incremente el embargo de otros catorce procesados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido (2003-2015), el detenido exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, arrestado desde abril de 2016.

El fiscal también pidió aumentar el embargo sobre los bienes que heredaron Florencia y Máximo Kirchner, los hijos de la exmandataria, al morir en 2010 el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), pues Fernández cedió a sus hijos "todos los bienes, derechos, activos financieros y acciones que le correspondían en el acervo sucesorio".

Entre los bienes que pidió intervenir, se encuentran 25 propiedades que están bajo el nombre de los hijos de la expresidenta.

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Sobre el empresario Lázaro Báez, el fiscal pidió el embargo de 81 inmuebles que el procesado posee en la provincia de Santa Cruz, y que aparecen detallados en el dictamen.

Contexto

En alguno de sus dictámenes previos, Pollicita sostuvo que había "sólidos indicadores demostrativos de la intención" de Fernández de Kirchner de "diluir el patrimonio" para que no pudiera ser intervenido por la justicia en caso de una eventual condena.

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó a mediados de septiembre el procesamiento de la expresidenta y el embargo por 10.000 millones de pesos (588.235 dólares) que en diciembre de 2016 decretó el juez federal Sebastián Ercolini en su contra.

En esa resolución el pasado mes de diciembre, el magistrado acusó a la exjefa de Estado de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez.

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El dueño de Austral fue supuestamente el principal beneficiario en las obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz durante el Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y durante los dos siguientes de Fernández. 

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