"De Vido fue citado el 5 de diciembre en la causa que investiga el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008", adelantaron a Sputnik fuentes judiciales.
El proyecto, que desde un comienzo contó con una partida de más de 2.300 millones de dólares, tenía proyectado el tendido de 2.000 kilómetros de gasoductos.
El juez Rafecas también citó a declaración indagatoria a otros cinco imputados, tres de ellos también funcionarios públicos: el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; el exsubsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi y el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
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Además deberán comparecer ante el juez los directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat.
Todos ellos declararán ante el magistrado entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre.
Detalles de la investigación
El juez descubrió una serie de documentos, incluido un "memorándum de entendimiento" entre Odebrecht y la Secretaría de Energía, de los que surge la presunción de que el proceso de licitación fue amañado con anterioridad para adjudicar las obras públicas a la constructora brasileña.
La justicia también sospecha de que al concurso se presentaran otras dos compañías argentinas, Camargo Correa y Roggio (asociadas a Odebrecht en otros proyectos), en una maniobra que pareció una simple formalidad, dado los plazos y las exigencias planteadas para la adjudicación.
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El exministro De Vido habría creado el marco legal necesario para que, desde la Secretaría de Energía, y en complicidad con Odebrecht, se procediera al llamado de "licitación privada" a través de dos compañías, TGN y TGS.
Al negarse ambas a realizar la operación, fue convocada Cammesa, que finalmente autorizó la concesión del proyecto a la compañía brasileña.
Situación procesal de Odebrecht
En Argentina hay otras dos causas judiciales que investigan a Odebrecht, además del expediente que posee Rafecas.
El juez Sebastián Casanello indaga en otro expediente si la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) habría pagado coimas a Odebrecht para reformar dos plantas potabilizadoras en los municipios de Zárate y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires.
Por pedido de este último juez, que pidió unificar todas las causas, Rafecas le remitió los legajos concernientes a esta investigación que datan de 2007 a 2014.
A través de una resolución, Rafecas decidió conservar en su juzgado el primer tramo de la causa, que abarca los años 2004-2006, en el marco de la cual ha ordenado las presentes indagatorias.
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Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.