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Exministro argentino de Planificación es citado por caso de corrupción Odebrecht

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BUENOS AIRES(Sputnik) — El juez federal argentino Daniel Rafecas llamó a prestar declaración indagatoria al exministro de Planificación, Julio De Vido (2003-2015), para el próximo 5 de diciembre en una causa que investiga supuestas irregularidades en un programa de construcción de gasoductos adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht.

"De Vido fue citado el 5 de diciembre en la causa que investiga el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008", adelantaron a Sputnik fuentes judiciales.

El proyecto, que desde un comienzo contó con una partida de más de 2.300 millones de dólares, tenía proyectado el tendido de 2.000 kilómetros de gasoductos.

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De Vido fue llamado a declarar ante la justicia porque era el máximo responsable del Plan de Ampliación, que estaba bajo la órbita de su ministerio.

El juez Rafecas también citó a declaración indagatoria a otros cinco imputados, tres de ellos también funcionarios públicos: el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; el exsubsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi y el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.

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Además deberán comparecer ante el juez los directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat.

Todos ellos declararán ante el magistrado entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre.

Detalles de la investigación

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A cargo de la investigación desde mayo de este año, Rafecas sospecha que los exfuncionarios y los representantes de Cammesa participaron en calidad de autores o partícipes, según sus funciones, en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez descubrió una serie de documentos, incluido un "memorándum de entendimiento" entre Odebrecht y la Secretaría de Energía, de los que surge la presunción de que el proceso de licitación fue amañado con anterioridad para adjudicar las obras públicas a la constructora brasileña.

La justicia también sospecha de que al concurso se presentaran otras dos compañías argentinas, Camargo Correa y Roggio (asociadas a Odebrecht en otros proyectos), en una maniobra que pareció una simple formalidad, dado los plazos y las exigencias planteadas para la adjudicación.

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Se presume "un apreciable desvío de poder en dirección al involucramiento, probablemente espurio, de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre Cammesa y Odebrecht", manifestó el juez durante la instrucción de la causa.

El exministro De Vido habría creado el marco legal necesario para que, desde la Secretaría de Energía, y en complicidad con Odebrecht, se procediera al llamado de "licitación privada" a través de dos compañías, TGN y TGS.

Al negarse ambas a realizar la operación, fue convocada Cammesa, que finalmente autorizó la concesión del proyecto a la compañía brasileña.

Situación procesal de Odebrecht

En Argentina hay otras dos causas judiciales que investigan a Odebrecht, además del expediente que posee Rafecas.

El juez Sebastián Casanello indaga en otro expediente si la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) habría pagado coimas a Odebrecht para reformar dos plantas potabilizadoras en los municipios de Zárate y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires.

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Su colega Marcelo Martínez de Giorgi instruye un caso por supuestos sobornos pagados en una obra que tenía por finalidad el soterramiento de la línea de ferrocarriles Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires.

Por pedido de este último juez, que pidió unificar todas las causas, Rafecas le remitió los legajos concernientes a esta investigación que datan de 2007 a 2014.

A través de una resolución, Rafecas decidió conservar en su juzgado el primer tramo de la causa, que abarca los años 2004-2006, en el marco de la cual ha ordenado las presentes indagatorias.

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Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.

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