Conforme a la directiva presidencial, que el diario filipino Inquirer.net atribuye a una bajada de popularidad de Duterte debido a la sangrienta guerra contra las drogas, los grupos policiales que se especializaban en estas operaciones se reorientarán a la lucha contra otros crímenes, y en caso de que estén relacionados con el narcotráfico se limitarán a traspasar la información de inteligencia a la PDEA.
"Confiamos en que la campaña contra las drogas ilegales se llevará a cabo en estricta consonancia con el derecho gracias a la experiencia y la profesionalidad de la PDEA en la implementación de la Ley RA 9165", cita el canal de televisión ABS-CBN el comunicado de la comisión.
Para el ente, "es una buena señal de que la administración escucha el clamor público para proteger y promover los derechos humanos y se compromete a hacerlo".
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Según las estadísticas oficiales, un total de 3.811 sospechosos de narcotráfico fueron abatidos en operaciones antidrogas desde el 1 de julio de 2016 hasta el 29 de agosto de 2017.
Las autoridades de Filipinas también contabilizaron 6.225 homicidios relacionados con las drogas entre julio de 2016 y septiembre de 2017.
