Pese a que las votaciones no son legalmente vinculantes, los plebiscitos son otras de las demostraciones vistas en Europa, en los últimos años, de regiones en busca de una mayor autonomía: desde Escocia en 2014, hasta el Brexit el año pasado y, más recientemente, Cataluña el 1 de octubre.
Lombardía y Véneto albergan más del 25% de la población italiana. Ambas regiones esperan lograr más libertad para administrar sus sistemas educativos y sus industrias, así como un mayor control sobre la inmigración.
Lombardía, cuya capital —Milán— es un gran centro de negocios, y Véneto, productor de una de las exportaciones más apreciadas de Italia —el vino prosecco— son responsables de cerca del 20% y el 10% del PIB total del país, respectivamente.
Muchos de los opositores consideran las votaciones un desperdicio de dinero público, ya que los plebiscitos, que costaron más de 55 millones de euros —unos 65 millones de dólares— a los gobiernos locales, son técnicamente innecesarios, ya que la constitución italiana permite que cada una de sus 20 regiones amplíe sus poderes a través del diálogo con el gobierno central, sin necesidad de una votación pública.
Sin embargo, Luca Zaia, presidente de Véneto, y Roberto Maroni, su homólogo en Lombardía, afirman que los intentos de diálogo con Roma han sido ignorados y que la realización de un referéndum es la única ruta viable.
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