"Si el presidente de la Generalitat comparece en la comisión o en pleno habrá un debate con el Gobierno de España antes de entrar al debate propio del trámite del acuerdo", señaló en rueda de prensa el vicepresidente de la cámara alta, Pedro Sanz.
La posibilidad de presentar alegaciones contra la intervención de las instituciones catalanas forma parte de los procedimientos para la activación del artículo 155 de la Constitución, que actualmente está siendo tramitado en el Senado a petición del Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, Rajoy solicita la toma de control de los Mossos d"Esquadra —la policía autonómica catalana—, de los medios de comunicación públicos de Cataluña y un recorte parcial de las competencias del Parlamento de Cataluña.
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La carta enviada desde el Senado a Puigdemont invita al presidente catalán a presentar "cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes" contra estas propuestas.
El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, afirmó este martes que Puigdemont tiene "voluntad" de acudir al Senado, aunque acusó a la cámara alta de dificultar su comparecencia al poner sobre la mesa fechas coincidentes con el Pleno del Parlamento catalán del 26 de octubre.
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En esa sesión plenaria está previsto que la mayoría independentista aclare cuál será su respuesta política a la puesta en marcha del 155.
De esta manera, el pleno del 26 de octubre —cuya duración puede alargase hasta el día 27— podría acabar con una declaración de independencia, opción por la que abogan partidos independentistas como la CUP y ERC.
Sin embargo, otras voces apuntan a la posibilidad de que en ese pleno se proceda a una convocatoria de elecciones para evitar la intervención en el marco del 155, una opción que sobrevuela el debate público pese a que ningún miembro del Gobierno catalán se pronunció públicamente sobre ella.
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Sí habló sobre esta posibilidad el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, que este martes opinó que la convocatoria de elecciones no sería suficiente para considerar que las autoridades catalanas vuelven a situarse en el terreno de la legalidad y frenar el 155.
Margarita Robles, la portavoz parlamentaria del PSOE, afirmó este martes que la intervención de las instituciones catalanas "no tendría razón de ser" ante la convocatoria de unas elecciones "con arreglo al marco constitucional".
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A la espera de resolver cual será la respuesta política del independentismo a la puesta en marcha del 155, el Gobierno catalán ya anunció movimientos desde el plano jurídico con una batería de recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para agotar las vías internas antes de apelar a instancias internacionales.
