"Pediré al Parlamento que fije la convocatoria de una sesión plenaria donde los representantes de la soberanía ciudadana, los elegidos por los votos de los ciudadanos, debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia, para actuar en consecuencia", dijo el presidente catalán, Carles Puigdemont, el pasado 21 de octubre tras la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, por el cual el Gobierno central puede pedir permiso al Senado para intervenir comunidades autónomas declaradas en desobediencia.
De forma paralela al debate en el Parlamento de Cataluña se producirá la tramitación en el Senado de la activación del 155, que será votada este 27 de octubre por el pleno de la cámara alta, donde el Partido Popular de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta.
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De acuerdo con la petición enviada por Rajoy al Senado para la activación de esta vía, el Gobierno pretende dotarse de la capacidad para cesar al Gobierno catalán en pleno y asumir sus competencias desde Madrid bajo el compromiso de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.
Por tanto, la sesión plenaria de este 26 de octubre se plantea como la última oportunidad del independentismo catalán para dar una respuesta antes de que sus principales instituciones sean intervenidas.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró durante la tarde del 25 de octubre en declaraciones a The Associated Press que la actuación de Rajoy no deja a las autoridades catalanas otra opción que responder declarando la república catalana.
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Esas palabras van en línea con las palabras que Carles Puigdemont le dirigió el 19 de octubre a Mariano Rajoy en una carta en la que le advirtió que si Madrid seguía negando el diálogo podría producirse una votación en el Parlamento de Cataluña para activar la declaración de independencia que el pasado 10 de octubre quedó en suspenso.
El consejero de Empresa del Gobierno catalán, Santi Vila, abiertamente contrario a la opción unilateral, avanzó durante la tarde del 25 de octubre que dimitirá si finalmente se llega a ese escenario.
Durante las últimas horas el Gobierno catalán celebró múltiples reuniones con otros actores del independentismo y de la política catalana no independentista antes de tomar su decisión final.
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Desde el Partido Socialista Obrero Español —segundo partido a nivel nacional y principal socio de Rajoy en la aplicación del 155— afirmaron de manera reiterada que esa convocatoria de elecciones sería suficiente para certificar la "vuelta a la legalidad" del Gobierno catalán y, por tanto, para frenar la vía coercitiva.
