"Queremos pedir a Europa que nos escuche, porque nos sentimos un poco abandonados, queremos que se den cuenta de que entre 948 alcaldes de Cataluña 760 están a favor de la independencia", dijo Astrid Desset, alcaldesa de la ciudad catalana de Anglés.
Destacó que "nos incriminan el simple hecho de que nos atrevimos a votar".
"Si es un crimen, que nos encarcelen o liberen a nuestro Gobierno y a las personas que están en la cárcel", dijo.
El 5 de noviembre el expresidente catalán y cuatro de sus exconsellers acudieron voluntariamente a declarar a una comisaría de Bruselas después de que la Audiencia Nacional emitiera en la noche del 3 de noviembre, una euroorden en su contra.
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Tras prestar declaración, los políticos independentistas fueron puestos en libertad provisional bajo medidas cautelares como la entrega de pasaporte y la obligación de estar localizables para acudir al juzgado cuando se les reclame.
En total son catorce los antiguos miembros del Gobierno catalán investigados por delitos relacionados con el proceso independentista.
De los catorce, nueve acudieron a declarar a Madrid, tras lo que la jueza instructora decidió dictar prisión incondicional para ocho de ellos y prisión eludible bajo fianza para el restante, que ya se encuentra en libertad.
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En un apunte publicado en Twitter durante la mañana del 6 de noviembre, Puigdemont contrapuso la decisión de la justicia belga de dejarle "en libertad y sin fianza" con la situación de sus compañeros "injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática".
En llibertat i sense fiança. El nostre pensament és per als companys injustament empresonats per un Estat allunyat d la pràctica democràtica
— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 6 ноября 2017 г.