"La Ley de Movilidad Humana penaliza la migración irregular y eso nos genera un ruido fuerte debido a que el Estado ecuatoriano, en múltiples instrumentos internacionales, ratificó la voluntad de no criminalizar la situación migratoria irregular", dijo el representante de la comunidad venezolana en Ecuador, Reinaldo Rivero, en una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales del parlamento ecuatoriano.
Los datos oficiales revelan que al menos 89 mil venezolanos viven en Ecuador, aunque esa cifra podría ascender a los 120 mil.
El número de ciudadanos venezolanos viviendo en territorio ecuatoriano aumentó en los últimos dos años, debido a la compleja situación política y económica que vive ese país.
Por ello, Rivera considera que multar a quien se encuentra en situación migratoria irregular y en búsqueda de oportunidades "no es posible".
Aunque tienen 180 días para regularizarse, aseguran que ese tiempo la mayoría lo ocupa para establecerse, por ello "se les hace imposible lo primero y deben quedarse como ilegales".
El pedido de este grupo migratorio es que se reforme la ley, "para que se estudie la posibilidad de que las consecuencias de la norma en materia de movilidad no amenacen la ya vulnerable situación de los migrantes".
El legislador opositor del partido Unión Tsáchila aliado a CREO (derecha), Ángel Gende, afirmó que intentará buscar soluciones al conflicto presentado por esta comunidad que cada día crece más en el país.
El artículo 145 del reglamento de la Ley de Movilidad Humana establece que en el caso de que una persona sudamericana haya superado los 180 días de turismo y no haya regularizado su condición migratoria, deberá pagar una multa de dos salarios mínimos vitales, que equivalen a 750 dólares.
Además, cuando aquello ocurre y en caso de que no se pague la multa, los ciudadanos tampoco podrán reingresar al país por el periodo de dos años a partir de la fecha de su salida de Ecuador.
