El asesinato de De la Toba, quien fuera acribillado el lunes junto con su hijo de 20 años, "no solo es un mensaje ominoso contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil, sino contra el servicio público, que hasta la fecha permanecía sin ser tocado por la violencia", dijo a esta agencia Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo del organismo ciudadano Servicios y Asesoría para la Paz.
El atentado a balazos, en el que también resultaron heridas la esposa y la hija de 17 años del ombudsman, "es un crimen atroz que revela la descomposición en lugares tan insospechados como la ciudad de La Paz", capital de ese estado, dijo Romo.
De la Toba presentó el libro de Romo y sus colegas "En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo" porque "apoyaba la idea como un carril de divulgación a nivel federal y provincial del mecanismo de protección a periodistas y defensores de DDHH", dijo el coautor.
La figura del ombudsman, de reciente creación en México, nació en 1990 mediante un decreto presidencial con la finalidad de "promover y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos".
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Romo integra el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ha denunciado su "profunda indignación por los homicidios en contra de personas defensoras y periodistas".
México vive una "situación de emergencia" y "un vergonzoso estado de impunidad" que supera el 98% de los casos en el país latinoamericano, ante la cual han exigido a las autoridades "una respuesta de protección integral".
Impunidad a los tribunales internacionales
Por su parte, Michael W. Chamberlain, director adjunto del Centro Diocesano de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", dijo a Sputnik que hasta la fecha, desde que fueron creadas las comisiones de derechos humanos a nivel federal y estatal, ratificadas por una reforma constitucional en 1999 "solo se habían registrado agresiones contra algunos integrantes, visitadores oficiales, o periodistas bajo el mecanismo de protección federal".
En Baja California Sur, "hay una situación de violencia que no ha sido visibilizada lo suficiente, con agresiones a periodistas y defensores atacados de manera selectiva", explicó sobre los más de 600 homicidios en los primeros diez meses del año, y 23 asesinatos el fin de semana.
Esta región, separada por unos 300 km del Mar de Cortés del territorio del estado de Sinaloa (oeste), cuna del narcotráfico, tiene la singularidad de que "no hay una acción de violencia generalizada como en otros estados" tales como Guerrero (suroeste), Tamaulipas (noreste), Michoacán (oeste) o Jalisco (oeste), asolados por el crimen organizado.
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La violencia en Baja California Sur "es muy distinta", por la selección quirúrgica de los blancos, que contrasta con la otros tipos de acciones criminales en el país que ha dejado más de 100.000 muertos y 32.000 desaparecidos, desde que fue decretada la guerra contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón y que ha continuado con Enrique Peña Nieto.
México vive "uno de los años de violencia más terribles desde 2011, que ha sido el peor de todos, por los estragos de la guerra contra el narcotráfico", utilizando a las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. "La debilidad institucional del país es terrible", lamento el experto.
Hasta la fecha, están acéfalas la Procuraduría General de la República (su titular renunció el 16 de octubre pasado), la Fiscalía anticorrupción, y la Fiscalía especial contra delitos electorales, con un proceso comicial en marcha hacia 2018.
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La figura de ombudsman fue creada en el derecho nórdico y es aplicada en México con el nombramiento de sus titulares por parte del Senado y los congresos de los estados.
