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Corte Constitucional de Ecuador evaluará en diciembre preguntas para consulta popular

CC BY-SA 2.0 / Kate / QuitoLa bandera de Ecuador (archivo)
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QUITO (Sputnik) — El pleno de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador analizará cinco de las siete preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Lenín Moreno el próximo 5 de diciembre.

"Como único punto del orden del día, consta la causa N° 0002-17-RC, reforma constitucional planteada ante la Corte Constitucional, por parte del señor Presidente de la República del Ecuador, Lcdo. Lenín Moreno Garcés", indicó el presidente del máximo tribunal, Alfredo Ruiz, en un comunicado.

Los jueces de la CC se reunirán en sesión extraordinaria para conocer el informe de la jueza Tatiana Ordeñana, quien estuvo a cargo de recibir las observaciones a las cinco de las inquietudes formuladas por el Ejecutivo.

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Estas cinco interrogantes modificarían la Constitución, mientras que las dos restantes cambiarían cuerpos legales menores, por lo que su análisis se realiza por separado.

La sesión se dividirá en cuatro partes: la verificación del quórum, la lectura del orden del día, la resolución de la causa y la clausura.

Las preguntas de mayor polémica que se tratarán ese día son la dos y la tres, que plantean, respectivamente, la eliminación de la reelección indefinida y la supresión de funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, encargados hasta el momento de la selección de las principales autoridades de control del país como contralor, procurador y fiscal.

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Esas dos interrogantes han causado más discordia, la segunda debido a que fue aprobada por el anterior parlamento para dar lugar a una futura postulación del expresidente Rafael Correa, y la tercera por pretender reestructurar el Consejo y dar paso a uno transitorio, nombrado por el presidente de la República, hasta que se convoque a elecciones para elegir a los nuevos integrantes por voto popular.

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Las otras interrogantes a debatir tienen que ver con enmendar la Constitución para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes.

Mientras que la cuarta y la quinta se relacionan con una reforma para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes y con prohibir la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

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De emitirse un dictamen favorable, el jefe de Estado deberá redactar un decreto ejecutivo con el que convocará a consulta popular para que después el Consejo Nacional Electoral inicie los trámites respectivos y organice la consulta popular.

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