Según un comunicado de la Fiscalía, la trama "funcionaba desde 2004 para agilizar la liberación de recursos que la compañía tenía que recibir de Hacienda" y se identificó a un auditor fiscal de Hacienda, a un empresario, a un contador y a un abogado, este último fallecido en 2016.
JBS es uno de los mayores grupos cárnicos del mundo y tuvo un papel protagonista en la crisis política que vivió el Gobierno de Michel Temer en los últimos meses.
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Uno de sus propietarios, Joesley Batista, grabó una conversación privada en la que presuntamente Temer aceptaba que se cometieran irregularidades para obstaculizar la Operación Lava Jato, lo que le valió la primera denuncia presentada por la Fiscalía por corrupción pasiva.
