La fianza que el tribunal le impuso por gastar dinero público en el proceso participativo asciende a 5,2 millones de euros, de los que entregó 2,9.
Además, el Tribunal también embarga una finca de la exvicepresidenta Joana Ortega, otra de la exconsejera Irene Rigau y la mitad de un inmueble de Francesc Homs.
Fue el propio Artur Mas quien puso su domicilio como garantía para cubrir las responsabilidades a las que podría ser condenado en este procedimiento contable, aunque por el momento podrá seguir viviendo en el inmueble de la calle de Tuset de Barcelona.
El tribunal acusa a Artur Mas y a parte de su Gobierno de usar dinero público para convocar esta consulta.
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En concreto, entre las partidas consignadas figura una que asciende a 3,1 millones por la adquisición de ordenadores para la consulta, pero los equipos, según la defensa, están a disposición de la Consejería de Educación.