Las llamas envolvieron las 24 plantas del edificio de viviendas sociales del barrio de Kensington Norte en la madrugada del pasado 14 de junio, matando a 71 personas y dejando sin hogar a unas doscientas familias.
"Están hartos de seguir en una situación tan estresante y deprimente, la mayoría continúa en hoteles, incluidos más de 50 niños, y les frustra y exaspera pasar las navidades en estas condiciones cuando esperaban haberse mudado ya a un piso permanente", resalta a Sputnik, Zita Holbourne, directora de Barac Uk, grupo de protesta contra la austeridad en las minorías raciales.
El príncipe Carlos, sus dos hijos y respectivas mujeres, asistieron al "servicio nacional de memoria, comunidad y esperanza", según la descripción del decano de San Pablo.
"El sentimiento es mixto entre los supervivientes y familiares; unos creen que es un momento de reencuentro y reparación; otros lo han boicoteado", señala esta activista que representa a grupos de víctimas junto con el colectivo de abogados y expertos legales BME Lawyers 4 Grenfell.
Según Holbourne, el rechazo a sumarse al memorial se debe a la percepción de que es un "gesto político de dirigentes y miembros de la familia real que no se involucran en su cruda realidad".
"Solo son palabras y ellos quieren acciones", advierte la directora de Barac.
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El colectivo de abogados de minorías étnicas prepara un recurso legal para que se revise su denegada solicitud de "participante esencial" en la investigación pública sobre el incendio, con acceso directo a documentos, testimonios e interrogatorios.
"Aun hay mucha inquietud sobre la investigación, los familiares no confían en el panel de expertos formado por el presidente y hablan de boicotearla si el proceso no es más justo y abierto", reconoce en su entrevista con Sputnik.
La desconfianza también contribuye en gran parte a retener en hoteles a muchas de las doscientas familias que lo perdieron todo en el fuego de esta torre del oeste de Londres.
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La mayoría de las víctimas ha rechazado una o varias ofertas de alojamiento temporal en un piso o residencia y aguarda "una solución permanente", según reconocen sus representantes.
"Falta confianza en el sistema, en el ayuntamiento, y temen que se olvidarán de ellos si aceptan mudarse a un piso temporalmente que probablemente no se ajusta a sus necesidades", explica Holbourne.
La prueba del malestar de la comunidad fue evidente en la catedral de san Pablo.
Elizabeth Campbell, que fue designada al cargo el pasado julio tras la dimisión forzada de su antecesor, aceptó el veto popular y convocó un minuto de silencio en el consistorio en la mañana de este 14 de diciembre.
Pero, como señala Holbourne, los supervivientes sufren "en el limbo, sin poder hacer luto ni reconducir sus vidas hasta que encuentren al menos el sosiego de tener un techo permanente".
