"Este Gobierno tiene gran preocupación por líderes sociales y defensores de derechos humanos, vamos a garantizarles protección y, en ese sentido, el desafío para el Estado es que ellos puedan ejercer su liderazgo social sin amenazas para su vida", dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, según informó su cartera.
Rivera se reunió el 18 de diciembre con líderes sociales y reclamantes de tierras en el Bajo Atrato, en el departamento del Chocó (noroeste), una de las regiones del país en las que más activistas han sido asesinados en lo que va de año.
El ministro Rivera aseguró que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargada de hacer la verificación en terreno, en Colombia han sido asesinados 64 líderes durante 2017.
Sin embargo, según denuncias de organismos sociales y del movimiento de izquierda Marcha Patriotica, esa cifra no es real y los líderes asesinados sumarían más de 120 en lo que va de año.
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Los asesinatos de líderes sociales en Colombia se han incrementado luego de que la ahora disuelta guerrilla de FARC (convertida en partido político de izquierda) firmó la paz con el Gobierno y dejó las armas, por lo cual ahora varios actores criminales se disputan los territorios dejados por el grupo subversivo y atentan contra las comunidades.
