"Las investigaciones independientes las impiden deficiencias del sistema de procuración de justicia por instituciones que no están completamente conformadas, como los órganos de fiscalización electoral", indicó a Sputnik la experta Miriam Castillo, responsable de indagar otros casos de peculado en Chihuahua para la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Desentrañar el peculado de casi 13 millones de dólares, que habría orquestado Gutiérrez, detenido el 20 de este mes, "depende mucho de cómo se conformen las averiguaciones por parte de instituciones frágiles", añadió la especialista.
Díaz Santana ocupará el puesto vacante desde octubre para remplazar a Santiago Nieto, quien fue destituido por "transgredir códigos de conducta", al revelar a la prensa parte de los expedientes del caso Odebercht, empresa brasileña que reconoce el pago de sobornos por 10,5 millones de dólares en México.
"El rezago de casos de corrupción es de tal envergadura que las autoridades judiciales no han terminado de dictaminar denuncias de presuntos delitos electorales denunciados en los comicios de 2012", lamentó la responsable de MCCI.
Lograr resultados en este caso se presenta como "una misión cuesta arriba, por el entramado que ha quedado visualizado y las primeras declaraciones de los involucrados", que niegan los hechos, agregó.
Conflictos de intereses
Independientemente de los intereses personales en los testimonios, que señalan al oficialismo y a las autoridades federales de Finanzas en 2016, que encabezaba el actual canciller Luis Videgaray, en este caso "se deben observar los síntomas y la instituciones involucradas".
El modelo incluye una triangulación de recursos a través de programas estatales que resultaron de una investigación que hicimos, titulada "La Estafa Maestra", descubierta por MCCI.
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Ese esquema de corrupción fue realizado a través de programas sociales de dependencias federales que contratan servicios irregulares que no realizan empresas fantasmas, que no son auditadas.
Si ese modelo es desentrañado, estimó, "podría ayudar a formar un mapa de la corrupción que puede servir mucho en el futuro para evitar la corrupción".
El problema radica en las falencias de un sistema: "Las autoridades que investigan y tienen el encargo de rastrear los desvíos de fondos públicos y el modus operandi es gente involucrada desde el inicio en los presuntos delitos de peculado".
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"Hay muchos conflictos de intereses en las instituciones federales responsables de investigar aún están copadas por personas que no están interesadas en descubrir los delitos", puntualizó la experta.
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El Gobierno de Chihuahua, que encabezó un militante del PRI prófugo de la justicia, César Duarte (octubre de 2010-octubre 2016), habría utilizado programas de educación para desviar 250 millones de pesos (13 millones de dólares) a la campaña del PRI a gobernador el año pasado.
